La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) pide en este 8 de Marzo que se pongan en marcha todas las medidas necesarias para que las periodistas puedan ejercer su profesión con seguridad y se frenen las amenazas y acoso que padecen tanto de forma directa como a través de las redes sociales. En este sentido, se une a la campaña del Consejo de Género de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) que en esta fecha exige justicia para todas sus compañeras que han sido objeto de ataques por hacer su trabajo y  rinde homenaje a las mujeres periodistas que dedican su vida a luchar contra la impunidad, a exigir responsabilidades a los poderosos y a luchar por unas sociedades plenamente informadas y unas democracias sólidas.

Hay que tener presente que, en todo el mundo, las mujeres periodistas se niegan a ser silenciadas. Siguen informando con rigor, responsabilidad y en beneficio del interés público.

De otro lado, la FAPE recuerda que este 8 de Marzo hay otras reivindicaciones que siguen pendientes como es la de superar la brecha salarial y avanzar en la presencia de mujeres en puestos directivos. Así, según los datos del INE sobre brecha salarial publicados en 2025, la diferencia salarial media entre hombres y mujeres en España se sitúa en un 15,7%, tomando como referencia el salario bruto anual.

En cuanto a los cargos directivos, solo el 34,4% de ellos estaban ocupados por mujeres en 2024, lo que situó a España ligeramente por debajo de la media de la Unión Europea, que fue del 35,2%. Según informó Eurostat, como parte de una serie de artículos dedicados al Día Internacional de la Mujer, el 35,2 % de todos los puestos directivos en la UE en 2024 estuvieron ocupados por mujeres, frente al 31,8 % en 2014. España fue uno de los países que se situó por debajo de la media europea. Una década antes, la proporción de mujeres en cargos directivos en España era del 30,9 %, lo que supone un aumento de 3,5 puntos porcentuales.

La FAPE anima a todas las organizaciones que la conforman a estar activas este 8 de Marzo realizando actividades o sumándose a las convocadas. Es el momento de dejar claro que la igualdad debe estar presente en toda la sociedad y que los/las periodistas tenemos un compromiso en su defensa.

El año pasado se notificaron en Europa 344 alertas de amenazas graves a la libertad de los medios de comunicación

El premio está dotado con 8.000 euros, un símbolo institucional representativo y la concesión, por parte de la UAH, al periodista premiado de la distinción como profesor honorífico de la Cátedra Manu Leguineche.

Los candidatos podrán ser propuestos por asociaciones y colectivos profesionales de periodistas, por empresas vinculadas al periodismo, por las instituciones convocantes y por cualquier miembro del Jurado. También podrán presentarse candidaturas libremente a título individual. El plazo de presentación finaliza a las 14:00 horas del 18 de marzo de 2026.

El fallo del Jurado se dará a conocer en un acto solemne que se celebrará en la Diputación de Guadalajara entre el 6 de abril y 22 de abril de 2026, y se entregará en la Villa de Brihuega, el 18 de junio de 2026.

El premio ha recaído en las trece anteriores ediciones en Lydia Cacho (2010), Javier Espinosa (2011), Roger Jiménez (2015), Fidel Raso (2016), Mikel Ayestaran (2017), Pilar Bonet (2018), José Antonio Guardiola (2019), Pepa Bueno (2020), Gervasio Sánchez (2021), Ramón Lobo (2022), Fran Sevilla (2023), Almudena Ariza (2024) y Martín Caparrós (2025).

BASES COMPLETAS DEL PREMIO

Desde hace años, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) alerta de las amenazas que entraña el mal uso de las redes sociales para la información y el fomento de la desinformación en los medios. Esta ha dejado de ser una amenaza puntual para convertirse en un problema estructural. Por ello, resulta imprescindible seguir denunciando sus efectos nocivos sobre la convivencia democrática y reclamar medidas eficaces para combatirla. En este contexto, la celebración del Día del patrón de los periodistas, san Francisco de Sales, constituye una ocasión idónea para reiterar que la mejor manera de frenar la desinformación y recuperar la credibilidad de la ciudadanía pasa por una defensa firme de los principios que sustentan la profesión: veracidad, rigor y respeto a los códigos éticos y deontológicos.

El último Informe Anual de la Profesión Periodística, elaborado por la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), incide precisamente en esta problemática y refleja la amplia concienciación existente entre los periodistas para hacerle frente. Si los medios no actúan como un dique de contención, los bulos y las falsedades continuarán proliferando y favoreciendo la manipulación social. El informe también señala otros factores preocupantes, como la pérdida de confianza de la ciudadanía y la precariedad laboral. A la persistencia de los falsos autónomos y la limitada presencia de mujeres en puestos de dirección se suma el progresivo deterioro de la salud mental de los profesionales. Ante esta situación, la FAPE continuará denunciando estas carencias y exigiendo mejoras en las condiciones laborales y salariales, ya que resulta inviable garantizar un periodismo de calidad sin redacciones sólidas y protegidas. Solo desde esa fortaleza será posible fiscalizar los abusos de poder y ofrecer información contrastada y fiable.

Otro elemento que incide negativamente en el ejercicio del periodismo es la creciente polarización política, que ha derivado en prácticas de hostigamiento incompatibles con una democracia plena. Frente a ello, la FAPE reclama el fin de comportamientos antidemocráticos como los señalamientos a periodistas, el acoso en línea, la exclusión de medios de actos informativos o la celebración de ruedas de prensa sin preguntas. Estas limitaciones suponen un grave obstáculo para la libertad de prensa y deben ser contestadas con firmeza. El periodismo cumple su función de servicio público cuando refuerza su independencia y ejerce un control crítico sobre los poderes. La alineación en trincheras ideológicas compromete esa independencia e impide garantizar plenamente el derecho constitucional de la ciudadanía a recibir información veraz y rigurosa. Preguntar, investigar y denunciar abusos constituye la esencia del trabajo periodístico.

En esta línea, la FAPE valora positivamente la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de un reglamento que permitirá evaluar el ejercicio profesional en la concesión de acreditaciones. La Federación ha denunciado de forma reiterada el asedio de determinados activistas que, amparados en acreditaciones periodísticas, vulneran los principios de la profesión y distorsionan la labor informativa del conjunto de los profesionales, invocando de manera errónea las libertades de prensa y expresión. Son actitudes intolerables que desvirtúan el libre ejercicio del periodismo y fomentan el señalamiento a periodistas.

Asimismo, en un escenario marcado por la desinformación, resulta fundamental impulsar la alfabetización mediática como herramienta clave para combatirla. El Parlamento Europeo ha instado a integrar esta formación en todos los niveles educativos, y la FAPE lleva años reclamando al Gobierno la incorporación de una asignatura específica en la Educación Secundaria Obligatoria. Esta medida contribuiría a que los más jóvenes aprendan a identificar contenidos falsos o manipulados. Su importancia se acentúa en un contexto en el que la Inteligencia Artificial, llamada a permanecer, presenta tanto oportunidades como riesgos. Aunque bien utilizada puede aportar grandes beneficios, también puede facilitar la suplantación de identidades y la difusión de informaciones falsas, lo que refuerza la necesidad de contar con agencias de verificación sólidas y eficaces.

Por último, la FAPE defiende que el ejercicio del periodismo debe regirse siempre por criterios estrictamente profesionales. En este sentido, destaca la importancia del respeto al secreto profesional como derecho fundamental que protege a los periodistas frente a la obligación de revelar sus fuentes o datos que puedan identificarlas. Este derecho, actualmente en proceso de desarrollo legislativo, es esencial para la libertad de prensa y de información, tal y como se evidenció en el juicio al fiscal general del Estado. Se trata de una garantía democrática que no exime a los profesionales de su sometimiento a la ley, de modo que cualquier vulneración de derechos puede ser dirimida en los tribunales. Del mismo modo, ante cualquier comportamiento irregular de un profesional o medio de comunicación y porque creemos firmemente en la función del periodismo como servicio público, la FAPE pone a disposición de las instituciones, las empresas y los ciudadanos la posibilidad de recurrir a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo.

El comunicado continúa: “Uno de los aspectos más inquietantes de la nueva norma es la introducción de un régimen sancionador administrativo que contempla multas que van desde los 30.000 euros, en los supuestos considerados menos graves, hasta los 2,5 millones de euros en los más graves. Aunque esta vía sustituye a la penal —lo que en teoría representa un avance en términos de proporcionalidad—, en la práctica puede convertirse en un instrumento disuasorio para el trabajo periodístico de investigación, especialmente en contextos donde el acceso a información de interés público pueda chocar con la calificación de “materia clasificada”.

Recordamos que la Ley de Secretos Oficiales de 1968 preveía penas de prisión de entre seis y doce años para quienes difundieran o revelaran información clasificada como “secreta”. Aunque claramente desfasada y contraria a los estándares democráticos actuales, dicha ley limitaba las sanciones a la vía penal. El nuevo enfoque administrativo, con sanciones económicas de gran envergadura, podría tener efectos igualmente intimidatorios, y más aún para medios independientes o periodistas autónomos con menos capacidad de defensa jurídica y económica.

Nos preocupa, además, la introducción del derecho a la libertad de información como mero criterio de graduación de las sanciones. Este enfoque convierte un derecho fundamental en un atenuante, cuando debería ser un límite infranqueable en la ponderación del interés público frente a la protección de información clasificada. La libertad de información, reconocida en el artículo 20 de la Constitución Española, no puede quedar supeditada a criterios discrecionales ni a una interpretación ambigua del interés nacional.

Otra de las cuestiones que genera especial inquietud en la Asociación de Periodistas de Investigación es el amplio margen de discrecionalidad que el Proyecto de Ley otorga al Gobierno para decidir qué información se considera clasificada. Según el texto planteado, el sistema se estructura en cuatro niveles —alto secreto, secreto, confidencial y restringido— y es el Ejecutivo quien, en la mayoría de los casos, determina qué documentos u operaciones quedan protegidos bajo estas categorías.

Esta concentración de poder en manos del Gobierno para calificar la información, sin un órgano independiente ni mecanismos judiciales previos de control, plantea serios riesgos para la transparencia institucional. La posibilidad de que se utilice la clasificación como herramienta para impedir la publicación de informaciones incómodas o relevantes para el debate público representa una amenaza directa al derecho de acceso a la información y al ejercicio de un periodismo libre e independiente.

La API reclama al Gobierno y al Parlamento una revisión en profundidad del texto durante su tramitación legislativa. Es imprescindible que se garantice la protección del periodismo de investigación como herramienta esencial de control democrático, que no se penalice el trabajo de quienes informan con rigor y responsabilidad, y que la nueva legislación respete plenamente los principios de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública”.

El Manifiesto de Cádiz exige que los periodistas puedan ejercer la profesión sin intimidaciones, ni coacciones, garantizándose la libertad de prensa, que es un derecho que nunca debe darse por conquistado definitivamente. Así lo demuestran las amenazas que sufre: las ruedas de prensa sin preguntas; los vetos al acceso a la información; los señalamientos; los insultos y agresiones a periodistas en distintas coberturas; el requerimiento de fiscales y jueces para que el periodista revele sus fuentes y las querellas abusivas para frenar las investigaciones periodísticas.

En una sociedad cada vez más polarizada por el debate político, la democracia solo se verá fortalecida con medios fuertes, rigurosos, independientes y plurales. Ante eso, hace un llamamiento general para terminar con la crispación generada por la polarización política y la desinformación que emana de ella.

El periodismo que difunde información verificada, contrastada con fuentes fiables, respetuoso con nuestras normas deontológicas y hecho con rigor y honestidad, aparece como el sustento principal de la regeneración ética que se ha planteado desde el Gobierno. La FAPE, precisamente, insta al Gobierno a que agilice la trasposición del Reglamento Europeo de libertad de Medios que debe estar vigente a partir del próximo mes de agosto.

El ejercicio de esta profesión de servicio público solo será posible con una financiación transparente y estable. Pero, ante la precariedad actual del sector, la FAPE pide a las Administraciones Públicas que no otorguen a los medios de comunicación ayudas económicas, ya sean subvenciones o publicidad institucional, que vayan destinadas a financiar el despido de profesionales o a recortes laborales, y no al mantenimiento de estas empresas, lo que repercutirá negativamente en la calidad de la información.

Igualmente, deben quedar excluidos de esas ayudas públicas aquellos medios y periodistas que hayan sido condenados por desinformar o mentir. En este sentido, la FAPE insta al Gobierno a que impulse las funciones del Comité Europeo de Servicios de Comunicación, que ha de velar por la pluralidad informativa; el reparto de la publicidad institucional para que este sea equitativo y no arbitrario, ni se utilice en beneficio de intereses partidistas; así como para fomentar el uso de medidas y herramientas eficaces para fortalecer la alfabetización mediática.

Asimismo, el Manifiesto de Cádiz insiste en la necesidad de implantar una asignatura desde Educación Primaria, imprescindible para capacitar desde edades tempranas en el uso y consumo responsable de contenidos en línea y en el fomento del pensamiento crítico, en cumplimiento del derecho a la educación digital en el aula, recogido en la Ley de Protección de Datos y Garantías de Derechos Digitales de 2018.

Ante el debate sobre la Inteligencia Artificial y su impacto en la profesión periodística, que en algunos casos está sustituyendo al capital humano en unas redacciones cada vez más mermadas, la FAPE insta a las empresas editoras y grupos periodísticos a que inviertan en la formación y capacitación de los periodistas para que la tecnología esté al servicio de la profesión y de la sociedad, desde un uso ético y responsable.

No tendría sentido celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa sin recordar los conflictos, algunos ya de larga duración, que se están produciendo en distintas partes del mundo y de los que los periodistas dan cumplida cuenta jugándose la vida, como ocurre en Ucrania, Gaza o México. Actitudes como esas confirman que los poderes quieren eliminarlos como testigos de los abusos y atrocidades que se cometen en los conflictos bélicos y en países donde el crimen organizado goza de una impunidad escalofriante. La FAPE, en línea con la Federación Internacional de Periodistas (FIP), además de reclamar con insistencia el fin de los enfrentamientos, ha denunciado las dificultades que ponen a los profesionales, impidiendo la presencia de profesionales para informar, como ocurre en Gaza por parte del Gobierno israelí.

Finalmente, desde la FAPE hacemos un triple llamamiento. En primer lugar, a los periodistas, para que sean militantes comprometidos en el ejercicio digno de la profesión. Por otro, a los partidos políticos, para que acaben con la crispación y eviten utilizar a la prensa como vehículo de transmisión. Y, por último, a la ciudadanía, a quienes nos debemos, para que apueste por la información de calidad, contrastada, verificada y elaborada por periodistas, para que, junto a los profesionales de la información, apoye y defienda el buen periodismo en defensa de su derecho a una información libre y veraz.

SIN PERIODISMO NO HAY DEMOCRACIA

La Declaración de Cádiz ha sido respaldada tras recoger las propuestas presentadas por las diferentes asociaciones que conforman la Federación. Dichas propuestas planteaban a debate temas como la irrupción de la inteligencia artificial y su regulación en los medios; la actualización del Código Deontológico; la desinformación y la polarización política; la precariedad laboral o la protección de los profesionales en el ejercicio de la profesión.

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Cerca de un centenar de periodistas de todo el país han participado esta mañana en una asamblea donde se han presentado varias iniciativas relacionadas con el uso de la inteligencia artificial y su aplicación en el Periodismo. Todas ellas han sido recogidas en una única propuesta, aprobada por unanimidad, que será estudiada por la Comisión de expertos y periodistas para la regulación del uso de la IA creada en la pasada asamblea, celebrada en Talavera, y compuesta por varias asociaciones federadas.

Con la aprobación de la propuesta de la Asociación de Periodistas de Albacete, la FAPE trasladará al Gobierno y demás instituciones públicas la petición de establecer una regulación que garantice que los puestos destinados a labores de comunicación en la Administración Pública sean ocupados exclusivamente por titulados en Periodismo o Comunicación Audiovisual. Del mismo modo, ha sido apoyada la propuesta de Asociación de Periodistas de las Islas Baleares sobre el intrusismo amparado en los colectivos sectoriales.

Por su parte, la Asociación de Periodistas de Aragón, la Asociación de la Prensa de Málaga y la Asociación de Periodistas de Cantabria han propuesto actualizar el Código Deontológico para que se adecúe a la nueva realidad a la que se enfrenta la profesión. Tras la defensa de dichas propuestas, se ha aprobado crear una comisión que estudiará dicha actualización.

También ha salido adelante la propuesta de la Asociación de la Prensa de Sevilla de hacer un llamamiento a los medios públicos, y a los compañeros que trabajan en ellos, para que cumplan con su obligación de hacer exclusivamente información veraz y sean referentes en la lucha contra la desinformación, la manipulación y la mentira.

Por otro lado, dos iniciativas presentadas por la Unió de Periodistes Valencians han contado con el respaldo de la Asamblea. La primera, solicitaba que las ayudas públicas queden condicionadas al mantenimiento de los puestos de trabajo de los periodistas; y la segunda instaba a las administraciones públicas a reconocer a los periodistas como personas de autoridad en el ejercicio de su profesión, con el fin de reforzar su protección frente a las agresiones y amenazas que reciben en el desempeño de su labor informativa.

A petición de la Asociación Profesional Periodistas Valencianos, se ha aprobado el desarrollo de un plan estratégico para el fortalecimiento del periodismo local. También ha contado con el apoyo de la Asamblea la petición de la asociación valenciana sobre el rechazo a la limitación de preguntas en las ruedas de prensa institucionales.

En el ámbito del funcionamiento interno de la Federación, se ha aceptado la propuesta de la Asociación de la Prensa de Málaga de realizar más reuniones, de forma telemática, entre asambleas generales para cuestiones urgentes que afecten al ejercicio profesional. Del mismo modo, se ha validado la propuesta de la Junta Directiva sobre el reparto de las aportaciones que realizan las asociaciones en la financiación de la Fundación Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología.

APERTURA INSTITUCIONAL

Previo a la Asamblea, ha tenido lugar la apertura institucional con la presencia del rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell; el vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz, Juancho Ortiz, y el teniente de alcalde de Cádiz, Pablo Otero; que estuvieron acompañados en la mesa por el presidente de la Asociación de la Prensa de Cádiz, Diego Calvo, y el presidente de la FAPE, Miguel Ángel Noceda.

La LXXXIV Asamblea General de la FAPE cuenta con el patrocinio institucional de la Diputación Provincial de Cádiz, el Ayuntamiento de Cádiz, la Universidad de Cádiz y la Fundación Cajasol. Además, cuenta con la colaboración de Renfe, la Denominación de Origen Aceite Sierra de Cádiz, el Consejo Regulador del Vino y Brandy de Jerez, la empresa de autobuses turísticos City Sightseeing y la empresa pública para la Gestión del Turismo y Deporte de Andalucía.