Con esta petición, los representantes de los periodistas de la región pretenden que las ofertas de empleo público estén dirigidas a titulados en Periodismo o Comunicación y que, en el caso de tener en cuenta los méritos, puntué igual la experiencia en el ámbito privado y en el público.

Asimismo, exigen que estas ofertas se difundan para que todos los interesados puedan acceder a ellas y que el proceso para optar a ellas sea simplificado.

También se respaldaron estas propuestas:

Cartagena acogerá por primera vez en su historia una Asamblea General de la FAPE, aunque la Región de Murcia ya supo lo que es organizar un evento de este tipo en 2000 cuando se reunió el máximo órgano de Gobierno de la Federación.

La afluencia prevista supera los 150 periodistas, incluyendo las directivas de las asociaciones de la prensa y los colegios de periodistas de toda España vinculados a la FAPE, que agrupa a más de 21.000 asociados.

La Asamblea estará precedida por una jornada profesional abierta, el viernes 8 de abril, para debatir sobre la deontología periodística:“Deontología del periodista en la era digital”. La sede de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), en el antiguo Cuartel de Instrucción de Marinería, es el lugar escogido para esta jornada y la del sábado.

Los actos de la LXXV Asamblea General de la FAPE coinciden con el 110 aniversario de la Asociación de la Prensa de la Región de Murcia y con el centenario de la muerte de su presidente-fundador, José Martínez Tornel.

La presidenta de la FAPE, Elsa González, acudió a la reunión y semanas después FAPE hizo públicas algunas de las sugerencias que había trasladado a la Junta.

Así, el Comité de Expertos creado por el Ejecutivo extremeño quedó integrado, además de por la presidenta de la FAPE, por las periodistas extremeñas María Jesús Almeida y Ángeles Luaces; el presidente de la Asociación de Agencias de Medios, Gerardo Mariñas; Antonio Rodríguez de las Heras y Juan Pedro Molina Cañabate, catedrático y profesor, respectivamente, de la Universidad Carlos III; y Soledad Ruano, profesora de Comunicación Audiovisual de la Universidad de Extremadura.

En este aspecto, la FAPE quiso recalcar que la responsabilidad en esta materia recaía, única y exclusivamente, en la institución contratante y que la FAPE no participaría en ninguna mesa que decidiera el reparto de publicidad a empresas informativas concretas, aunque como representantes de la profesión periodística apuntaron algunos aspectos que consideraban básicos en beneficio de los ciudadanos y del ejercicio del periodismo.

Sugerencias:

* Partiendo de que los recursos públicos se deben invertir con criterios de rentabilidad social y servicio público, hay que observar que la inversión alcance el mayor impacto posible, basándose en sistemas de medición de audiencias que sean realistas y fiables, de manera que la publicidad institucional no se convierta en propaganda política de la propia administración.

* Como en el resto de políticas que desarrolla la administración, es fundamental que exista transparencia acerca del destino de la inversión publicitaria y se recoja en detalle, tanto cantidad como adjudicatario, dándole la correspondiente publicidad.

* Es esencial el compromiso ético de la empresa informativa. La inversión publicitaria debe velar por el derecho de los ciudadanos a recibir una información veraz. Así, la adhesión del medio a la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo implica la aceptación, mediante autorregulación, de las normas deontológicas que rigen la profesión periodística.

* Por el contrario, se debería considerar como desfavorable que el medio haya recibido fallos en su contra en resoluciones adoptadas por la citada Comisión.

* Asimismo, tendría que valorarse favorablemente que el medio no publique o divulgue anuncios de contactos, que, además de atentar contra la dignidad de la mujer y favorecer a las mafias de explotación sexual, impide introducir la prensa en los colegios.

* Proponemos que se observen las condiciones laborales de los profesionales de los medios de comunicación. Contratación, salarios u horarios, que, en situaciones de precariedad, perjudica la calidad informativa y pueden debilitar la función de los periodistas frente al poder.

* Otra cuestión a considerar será la del número de periodistas que trabajan en el medio de comunicación, así como la importancia de la programación y producción propia, destinada a Extremadura o que se refiera a dicha comunidad autónoma en medios nacionales.

* En los medios de comunicación que dispongan de concesión administrativa de la Comunidad Autónoma, se tendrá en cuenta para la contratación publicitaria el grado de cumplimiento de las condiciones contractuales fijadas en la adjudicación, singularmente en cuanto a horas de programación local y plantilla de trabajadores.